Rachel Ford

En los últimos tiempos, y quizá por los estragos que está causando la crisis en nuestros bolsillos, el tema de los peajes ha vuelto a ser actualidad, y esta vez quizá con más sensibilidad y convencimiento del ciudadano en cuanto a la eliminación de éstos, como lo demuestra la existencia de organizaciones y campañas como la “no vull pagar”, con una participación ciudadana sin precedentes. Cabe tener en cuenta que el Servei Català de Trànsit ha recibido hasta hace pocos días un total de 55.040 denuncias de las concesionarias de autopistas contra conductores que se han negado a pagar peajes, de las cuales ya se han tramitado 271 multas efectivas, por supuesta infracción del artículo 153 del Reglamento General de Circulación, en el que se regulan las señales de restricción de paso que indican “el lugar donde es obligatoria la detención por la proximidad, según la inscripción que contenga, de un puesto de aduana, de policía, de peaje u otro, y que tras ellos pueden estar instalados medios mecánicos de detención”. Estas multas son por el importe de 100 euros, aunque, si se pagan antes de veinte días, el castigo se reduce a la mitad por “pronto pago”.

Hay que tener en cuenta que si un conductor no quiere pagar el peaje nadie puede obligarle a ello. De hecho, basta con manifestar en el puesto la voluntad de no pagar. El empleado de autopistas únicamente podrá anotar el número de matrícula. Ni podrá solicitar la identificación del conductor (pues no es agente de la autoridad) ni podrá prohibir al conductor continuar su marcha (incurriría en delito). Otra cuestión será la repercusión posterior, pues las concesionarias están cursando las denuncias de impago al Servei Català de Trànsit, y éste está procediendo a sancionar administrativamente por infracción del Reglamento de Circulación.

Hay sectores que opinan que no pagar un peaje no supone ninguna infracción administrativa ni penal, siendo únicamente una cuestión civil por incumplimiento contractual entre usuario y concesionaria. Asimismo lo entiende también el Sindicato de Policía de Catalunya, que entiende la inexistencia de sanción administrativa en la falta de pago, puesto que la obligación del conductor es de parar según la señal, no de pagar. Claro está, esta posición contradice la propia actuación de los Mossos y del propio Govern, que según un sector político entiende que está presionado por las propias concesionarias y por algunas entidades bancarias.